Observamos que la incorporación de nuevas funciones para las instituciones formadoras, como la investigación, fueron reguladas de manera diferencial. Mientras que en el plano nacional se introducían normativamente la investigación y la extensión como actividades a desarrollar dentro de los institutos terciarios, la errática política de descentralización educativa, que encuadraba a la reforma estructural del sistema, dejó a las jurisdicciones con capacidades desiguales para implementar las nuevas funciones.
La ausencia de marcos regulatorios que dieran lugar a cambios en el régimen laboral de los docentes y la falta de definiciones taxativas sobre los alcances de la investigación en los institutos de formación de profesores desvirtuaron el cambio promovido. Si bien la apuesta a la investigación resulta destacable, la manera en que su implementación fue delineada dejó a las instituciones con nuevas tareas, llevadas a cabo con ingenio e inventiva pero sin recursos.
Estas contradicciones y asincronías entre lo planteado y lo ejecutado, entre las jurisdicciones y entre éstas y el Estado nacional, son descriptas desde diversas perspectivas procurando dar cuenta de las razones de lo que expresan y de lo que han permitido.
